Pedro Ramírez
El coordinador del Gabinete estatal, José Luis García Parra, rechazó que el gobierno de Oaxaca haya alertado a Puebla sobre presuntas irregularidades en el municipio de Acatlán, y aclaró que sus declaraciones anteriores fueron interpretadas de manera incorrecta por algunos medios de comunicación.
El funcionario sostuvo que ni el gobierno de Oaxaca ni la Fiscalía de esa entidad han proporcionado información relacionada con el caso, por lo que precisó que las investigaciones en Puebla no comenzaron a partir de una advertencia de autoridades oaxaqueñas, como se difundió después de sus declaraciones.
García Parra explicó que, desde el inicio de la administración del gobernador Alejandro Armenta, la seguridad ha sido una de las principales prioridades, motivo por el cual se establecieron mecanismos de coordinación con entidades vecinas para fortalecer las acciones contra la delincuencia.
Detalló que el gobierno estatal firmó convenios de colaboración con Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz y la Ciudad de México, con el objetivo de facilitar el intercambio de información y fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad pública.
Sin embargo, aclaró que su referencia al caso Acatlán estaba relacionada con las mesas de inteligencia que se realizan semanalmente en Puebla, encabezadas por el gobernador y en las que participan corporaciones de seguridad nacionales y estatales, la Fiscalía General del Estado (FGE) y representantes de la Fiscalía General de la República (FGR).
Explicó que en estos encuentros las autoridades comparten información, identifican posibles objetivos y analizan situaciones que requieren atención, a fin de determinar las acciones y los operativos correspondientes. Aseguró que fue en ese contexto en el que hizo sus declaraciones, no para afirmar que Oaxaca hubiera proporcionado información sobre Acatlán.
El coordinador del Gabinete insistió en que el caso se atendió mediante el intercambio de información entre las instituciones que participan en las mesas de inteligencia, a partir del cual se iniciaron los procedimientos correspondientes.
Como parte de las acciones emprendidas en el municipio, el Congreso del Estado intervino dentro de sus facultades y se determinó la integración de un Concejo Municipal, mientras que las investigaciones ministeriales continúan para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.
García Parra señaló que será la Fiscalía General del Estado la instancia encargada de dar a conocer los avances de las carpetas de investigación, así como los hallazgos que puedan hacerse públicos en el momento procesal correspondiente.
Asimismo, advirtió que la revisión de las instituciones municipales no se limita a Acatlán, pues, de acuerdo con la postura del gobierno estatal, se mantienen acciones de análisis, monitoreo y seguimiento en los 217 municipios de Puebla para detectar posibles vínculos entre autoridades y grupos delictivos.
El funcionario reiteró que la administración de Alejandro Armenta mantendrá una política de cero impunidad y no permitirá que organizaciones criminales amplíen su presencia ni busquen apoderarse de las instituciones públicas.
