Exigen abrir archivos militares sobre la masacre de Tlatelolco

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Cincuenta y ocho años han pasado desde la masacre estudiantil en Tlatelolco y aún no se esclarece cuántas personas fueron asesinadas o resultaron heridas y los responsables siguen impunes. Por ello, al salir de nueva cuenta a las calles, ex líderes del movimiento de 1968 exigieron a la Secretaría de la Defensa Nacional hacer públicos los expedientes militares que podrían contener parte de esa información, y que las autoridades lleven ante la justicia a los responsables de la represión, incluso si ya fallecieron.

Aquel 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, “el único que agredió y disparó fue el Ejército Mexicano. Fue (también) el que contó los cadáveres y los recogió. Fue quien contó los heridos”, afirmó Félix Hernández Gamundi, histórico dirigente del Comité 68 Pro Libertades Democráticas.

La indignación por lo sucedido esa noche y la falta de justicia sigue moviendo a miles de jóvenes, quienes se sumaron a la movilización de ayer, la cual partió de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. “¡Ni perdón ni olvido!” y “2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa”, reivindicaron los manifestantes desde el inicio de la caminata, encabezada por sobrevivientes de la matanza y miembros del Comité 68, quienes portaron una gran manta con el mensaje: “La soberanía se defiende con el pueblo”.

Arropados por estudiantes de las universidades Nacional Autónoma de México y Autónoma Metropolitana y del Instituto Politécnico Nacional, entre otras, así como por padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, normalistas rurales, organizaciones solidarias y agrupaciones sindicales, marcharon hacia la Plaza de la Constitución, donde realizaron un mitin central.

Juicio contra Díaz Ordaz y Echeverría Álvarez

Frente a Palacio Nacional, Hernández Gamundi expuso que si bien es imposible pensar en llevar a un proceso judicial a la Defensa por “el genocidio” perpetrado en Tlatelolco, “hay personas con nombre y apellido que actuaron de alguna manera, dieron una orden y muchas la obedecieron”.

Los crímenes de lesa humanidad, recordó, no prescriben, pues así quedó establecido en un amparo ganado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2024 por la familia del guerrillero Lucio Cabañas. “El Poder Judicial tiene obligación de continuar con los procesos llevando a tribunal a los presuntos responsables, estén vivos o hayan muerto”.

Entre los funcionarios que deben ser sancionados de esta forma, dijo, están los ex presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, así como el ex titular de la Dirección Federal de Seguridad, Fernando Gutiérrez Barrios.

Subrayó que dicha resolución es de suma importancia porque los distintos gobiernos han apostado “a patear el bote” para que “los responsables se fueran muriendo y de esa manera no recayera la obligación y la responsabilidad sobre el Estado y las instituciones”.

En su discurso, Hernández Gamundi vinculó la exigencia de abrir los archivos militares de 1968 con la lucha de las familias de los normalistas de Ayotzinapa, quienes reclaman la entrega de más de 800 folios con información que podría ser relevante para esclarecer el paradero de los jóvenes.

El mitin se desarrolló mientras grupos de personas con el rostro cubierto lanzaban petardos y utilizaban mazos para intentar derribar las vallas metálicas instaladas frente a Palacio Nacional. Ante estos hechos, miembros del Comité 68 llamaron a los manifestantes a no caer en provocaciones. Los integrantes del llamado “bloque negro” también intimidaron y agredieron a personas que trataban de tomar fotos o video de los hechos.

Durante la concentración se incorporaron otras demandas, entre ellas un alto a lo que los participantes calificaron como una escalada de criminalización contra las normales rurales, la defensa del derecho a la educación y la exigencia de que México rompa relaciones con Israel por sus crímenes en Gaza.

Antes de concluir el acto se guardó un minuto de silencio en memoria de integrantes del movimiento de 1968 que han fallecido, entre ellos Roberta Avendaño, Raúl Álvarez Garín y Mario Álvaro Cartagena.

Con información de La Jornada

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