Gabriela García Guzmán
Un monto superior a los 5 millones de pesos será canalizado a Puebla para ampliar las estrategias de salud mental y prevención de adicciones durante 2026, como parte de un acuerdo celebrado entre autoridades estatales y federales y publicado en el Diario Oficial de la Federación.
El convenio establece una asignación de 5 millones 117 mil 206 pesos, recursos que serán aplicados mediante el Programa E032 “Servicios de Atención a la Salud Mental y Prevención de las Adicciones”.
El presupuesto será entregado al Gobierno de Puebla para posteriormente ser administrado y ejercido por los Servicios de Salud del Estado, instancia responsable de desarrollar las acciones previstas en el acuerdo.
La estrategia contempla fortalecer la atención desde las comunidades y el primer nivel de salud, con énfasis en identificar de manera temprana problemas relacionados con la salud mental, así como prevenir y atender el consumo de sustancias.
Dentro de las actividades también se incluyen acciones vinculadas con la estrategia federal “Por la Paz y Contra las Adicciones”, además de la campaña “El fentanilo te mata. Aléjate de las drogas. Elige Ser Feliz”, enfocada en generar conciencia entre adolescentes, jóvenes y sus familias sobre los riesgos asociados al consumo de drogas.
El documento precisa que el dinero tendrá un destino específico y no podrá ser utilizado para conceptos distintos a los autorizados. Como parte de las obligaciones adquiridas, las autoridades estatales deberán reportar periódicamente el avance de las acciones, el ejercicio presupuestal y los resultados alcanzados.
La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), dependiente de la Secretaría de Salud federal, tendrá facultades para supervisar la aplicación de los recursos mediante revisiones y visitas de verificación.
En caso de que se detecte un uso diferente al establecido o existan recursos que permanezcan sin ejercer, las autoridades federales podrán exigir su devolución a la Tesorería de la Federación.
El convenio incorpora además mecanismos de Contraloría Social, con los que se busca facilitar la participación ciudadana en la vigilancia del cumplimiento de las metas y del manejo del presupuesto.
Puebla tendrá que conservar durante cinco años los documentos que acrediten la aplicación del recurso y dar publicidad al convenio, así como a los avances y resultados derivados del programa.
El acuerdo permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.
