Josél Moctezuma
La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) confirmó la aprehensión de Antonio Hernández Pacheco, secretario de Seguridad Ciudadana de Atlixco, quien enfrenta una investigación por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho.
Juez de Control de Atlixco liberó orden de aprehensión
De acuerdo con el boletín de prensa número 428, emitido la madrugada de este sábado 15 de agosto de 2026, agentes investigadores de la Coordinación General de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión contra el funcionario, derivada de un mandamiento judicial librado por un juez de Control con sede en Atlixco.
Juzgado impone prisión preventiva justificada
La FGE informó que durante la audiencia inicial presentó datos de prueba y solicitó la vinculación a proceso. Sin embargo, Hernández Pacheco solicitó que su situación jurídica se resolviera dentro del plazo constitucional de 144 horas, por lo que la continuación de la audiencia fue programada para el miércoles 19 de agosto.
Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva justificada durante el tiempo que dure el procedimiento.
Hernández Pacheco aparece oficialmente como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco en el gabinete municipal encabezado por la presidenta Ariadna Ayala Camarillo.
Cumplen aprehensión durante operativo en la Puebla – Atlixco
La aprehensión del funcionario ocurre después del despliegue de un operativo de gran escala realizado en Puebla contra mandos municipales señalados por presuntos vínculos con organizaciones criminales.
De acuerdo con versiones difundidas tras el operativo, Hernández Pacheco habría sido asegurado durante un despliegue de autoridades sobre la autopista Puebla-Atlixco, después del entronque con la autopista Siglo XXI, en las inmediaciones de la Hacienda San Agustín.
Suman 7 mandos municipales presos
La detención de Antonio Hernández Pacheco, secretario de Seguridad Pública de Atlixco, uno de los municipios más importantes de la zona metropolitana de Puebla
ocurre además en un contexto marcado por la captura, en julio pasado, de seis directores de seguridad pública municipal de distintas regiones de Puebla, investigados por presuntos vínculos con redes de protección criminal.
Operativo Enjambre
El denominado Operativo Enjambre derivó en la captura de seis directores de Seguridad Pública:
David Velázquez Sandoval, de Chietla.
Gonzalo Torres Cardoso, de Tehuitzingo.
José Santiago Benítez Arista, de Chila de la Sal.
Manuel Martínez González, de Jopala.
Ángel Miguel Garrido, de Tlaola.
Evencio Rosas Luna, de Tlapacoya.
Mientras que Andy Castillo Rodríguez, entonces director de Seguridad Pública de San Felipe Tepatlán, cuenta con una orden de aprehensión y permanece prófugo.
Protegian un cartel y un narcolaboratorio
Las investigaciones contra los mandos de la sierra norte apuntaron a una presunta red de protección que habría permitido la operación de un narcolaboratorio en los límites de Tlapacoya y Jopala, además de facilitar el tránsito de integrantes de una organización criminal y de precursores químicos.
El narcolaboratorio desmantelado en Jopala generaba ganancias estimadas en 2 mil 400 millones de pesos al año para el crimen organizado. Esta cifra equivale a aproximadamente 400 mil pesos diarios o a un promedio de más de 300 millones de pesos al mes durante el tiempo que estuvo activo. Abatecia de drogas a Puebla y Veracruz.
En la mixteca, las detenciones correspondieron a los responsables de las policías municipales de Chietla, Tehuitzingo y Chila de la Sal.
Investigan a todos los mandos policíacos municipales
La detención de Antonio Hernández Pacheco abre ahora una nueva investigación contra un mando de seguridad municipal de mayor peso en la zona metropolitana de Puebla. Por el momento, la Fiscalía únicamente ha hecho públicos los tres delitos por los que fue imputado y no ha establecido oficialmente que forme parte de la misma red investigada en el operativo de julio.
La autoridad judicial deberá resolver el próximo 19 de agosto si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.
La investigación continúa bajo el principio de presunción de inocencia y será la autoridad judicial la que determine su responsabilidad penal.
