No es la primera vez que escuchamos decir que en Puebla existe censura, mordaza y asfixia financiera a medios de comunicación incómodos al gobierno actual.
¿Qué pruebas han presentado los que así lo aseveran indignados?
¿Quiénes han sido amenazados o encarcelados?
¿A quién se le ha prohibido publicar notas o columnas que no coinciden con los intereses gubernamentales?
No hay tal.
En Puebla es plena la libertad de expresión.
En la Ciudad de México, donde se asientan los Poderes de la nación, es el mismo caso.
Los dueños de medios de comunicación eligen su línea editorial y contratan a su mesa de redacción de acuerdo a su conveniencia. Por eso escriben lo que quieren o hablan por el micrófono lo que les viene en gana; cada uno es responsable de sus actos. Y esto sucede a nivel nacional. La demostración es patente al plasmar su crítica constructiva, destructiva o instructiva.
La historia nos enseña que han existido en la nacióngobiernos autoritarios o persecutores, pero no es el caso del gobierno de Alejandro Armenta ni de la presidenta Claudia Sheinbaum ni tampoco sucedió en el de Andrés Manuel López Obrador. Basta ver todos los días la información no siempre verídica, muchas veces calumniosa. Sin embargo, no hay encarcelados ni amenazados.
Por otra parte, ningún periodista, reportero o dueño de algún medio están exentos de enfrentar a la justicia si chantajean, extorsionan, calumnian, lavan dinero,evaden impuestos o cometen cualquier otro delito que obligue a rendir cuentas ante los tribunales. Casos en Puebla existen, siendo los más recientes Arturo Rueda y Rodolfo Ruiz; a nivel nacional Ricardo Salinas Pliego y caen sospechas sobre Carlos Alazraky, Carlos Loret de Mola, Pedro Ferriz de Con y otros tantos mercenarios que se han enriquecido prostituyendo el periodismo.
OJO: En cuanto a la asfixia financiera que refieren, es una mentira gigantesca, porque un gobierno estatal en México no está obligado legalmente a otorgar convenios publicitarios a medios de comunicación específicos o a todos los medios en general.
Los recursos públicos que se utilizan son un mecanismo para difundir información de interés ciudadano, no un subsidio para que sobrevivan las empresas periodísticas.
Ciertamente el uso de publicidad no puede ser utilizado como un instrumento de coerción o censura o para exigir la difusión de información tendenciosa. Esto lo ha delimitado la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En resumen, los gobiernos de los estados en México y la presidencia de la república tienen plena libertad de decidir cuándo y dónde hacer publicidad, sin obligación de contratar a algún medio en particular.
POSDATA: Si el periodista o reportero son honestos, no hay forma de perder una batalla, aunque en ello nos vaya la salud y el patrimonio.
Defender una trayectoria limpia es costoso, con la certeza de que siempre valdrá la pena. Pero cuando se tiene la cara manchada y la conciencia negra, es mejor ir a Santa Inés a escuchar “Las Golondrinas”.
