PAN y PRI critican el aumento de 2.50 pesos que entrará dentro de unos días en vigor para que quede en 8.50 pesos, considerando que fue excesivo para los bolsillos de las familias poblanas, incluso, que viene  a  colocar el servicio del transporte local más caro en todo el país.

Cuestionan el hecho de que en las administraciones panistas de Rafael Moreno Valle Rosas y José Antonio Gali Fayad, no hubo ningún incremento.

Sin embargo, hay que ver que efectivamente si no autorizaron un incremento al pasaje, fue por conveniencia política; primero, para tener sometidos a los permisionarios a sus exigencias de campaña de obligarlos a llevar propaganda suya y de sus más cercanos como fue Martha Érika Alonso, bajo la amenaza de quitarles la concesión.

A cambio de ello, dejar que siguieran prestando un mal servicio, con unidades chatarra, sin seguridad, conductores mal educados y hacer de las rutas lo que quisieran.

En pocas palabras, un verdadero desorden.

Sabían que tarde o temprano, tendría que haber un aumento a las tarifas y habría sucedido si en estos momentos estuviera Alonso Hidalgo como gobernadora.

Lo más lamentable, es que con ella, no serían 2.50 pesos de incremento, sino mucho más, por los compromisos con los dueños del pulpo camionero que podría haber llegado hasta los diez pesos el pasaje.

La realidad, le toco a Miguel Barbosa Huerta, quien sin duda alguna, desactiva un gran problema de no haber accedido a un aumento, al declararse los permisionarios en una huelga general y dejar a la ciudadanía sin transporte.

Esto, traería como consecuencia medidas urgentes por parte del gobierno estatal, como aumentar unidades de la RUTA y alimentadoras, aunque no serían suficientes para atender la diaria demanda, así como advertir a permisionarios de suspenderles la concesión.

Mientras, este sería el momento del caos, lo que menos quiere Barbosa Huerta, que vendría a representar un problema ante Andrés Manuel López Obrador por tener que intervenir.

De ahí, que a veces como la medicina, es amarga pero necesaria.

Lo que ahora importa, es que el gobernador no deje desamparados a los usuarios y que garantice que los permisionarios cumplan con el acuerdo para obtener este aumento de 2.50 pesos, pues de lo contrario, se le vendrá encima el reproche popular que hasta ahora ha estado contenido, pero que sin duda alguna explotaría para gusto de los que están en contra del gobierno tanto lopezobrarista como barbosista.

Esto es: que saquen de la circulación todas las unidades que son chatarra y de ello es hablar más de la mitad, casi llegando a las tres cuartas partes del parque público, y para ello, habría que poner ante la vista ciudadana, una revisión completa para solo autorizar las que estén en buenas condiciones.

Que en cada unidad no falte el botón de pánico y las cámaras de video, dando una exhibición pública para que la gente se entere y se sienta segura.

Crear un cuerpo especial de vigilancia, como una manera de dar empleo a jóvenes decididos a cuidar a la gente, como fue una de las promesas de Barbosa, de cuidar a los poblanos, con equipo para detectar armas y drogas.

Una obligación de los permisionarios, el contratar a conductores que porten uniforme de la línea, capacitados en dar buena atención al usuarios sin dar las molestias de que vayan fumando, platicando con sus parejas o con celular, melenudos y apestando, así como sancionarlos en casos de carreritas con sus compañeros y conducir a altas velocidades, lo que signifique que no los presionen a determinado tiempo.

El problema que se ve, es que primero dan el aumento y después la promesa del cumplimiento del acuerdo.

¿Por qué no al revés?

Ya viene más que pronto 2021, en el que los derrotados van a querer reactivarse en la elección.

No sea que lo ganado lo pierdan en la 4T.

Enpunto.49@yahoo.com