Mencionar la palabra extorsión pone a temblar a muchos en México porque han sido víctimas de ese crimen, que -como lo expuso el gobierno federal- se concentra en 8 entidades del país. Puebla no está en la lista negra de ese top, y eso es un alivio, sin embargo no significa que esté libre, pues hay registros de que ese delito es el segundo más común después del robo o asalto en la calle o en el transporte público.
La extorsión es ese delito silencioso que ha crecido en los últimos años. Los “intentos” por combatirlo se han quedado en anuncios mediáticos de los gobiernos, pero la realidad es que ese ilícito sigue dañando a la sociedad, a su economía, representa una amenaza a las familias y genera histeria colectiva.
Lo más grave es que la extorsión opera en un esquema que inhibe la denuncia. La edición 2024 de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), dice que en 2023 solo el 11.4% de los delitos en Puebla fueron denunciados y de éstos, ni el 7% llegó a una carpeta de investigación. Tal situación hace que la extorsión sea rentable para los delincuentes pues es fácil de ejecutar y sin consecuencia legal.
Las víctimas no denuncian por miedo, por considerar que es un delito de “poca importancia” y por desconfianza en la autoridad. Todo ello alimenta la impunidad. Además, significa que un alto porcentaje de los delitos no se denuncia.
Las llamadas intimidatorias a nombre de grupos criminales que exigen cobro de derecho de piso a comercios de todos tamaños, supuestos secuestros, llamadas de auxilio de “directivos” a su personal en horarios y días inusuales para pedirles depósitos urgentes; son las tretas comunes que usan los impunes extorsionadores que operan en todo México.
Los escenarios expuestos no son de hoy, ni ayer, sino de siempre y nadie ha podido -o no ha querido- combatir el delito que genera terror en las víctimas. La extorsión causa daño económico directo a las familias; tiene un alto costo psicológico pues las víctimas cambian su rutina por temor a represalias y generan un clima de ansiedad colectiva.
La Estrategia Nacional contra la Extorsión de la presidenta Claudia Sheinbaum, podría marcar un punto de inflexión. La mandataria anunció la promoción de la Ley General contra la Extorsión que permita perseguir de oficio el delito, proteger a las víctimas y que el Estado se asuma como víctima y atienda el delito.
Además, la estrategia tiene tres ejes: desmantelar redes de extorsionadores con operativos sorpresa, decomisar teléfonos ubicados en entidades como: Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco y Veracruz en donde se concentra el 66 % del delito. Y golpear la fuente del dinero, por ello la UIF congelará cuentas bancarias ligadas con esos criminales.
En sintonía con el gobierno federal, en Puebla el gobernador Alejandro Armenta anunció la suma a la estrategia nacional, por lo que promoverá la denuncia anónima y confidencial en el número 089.
De este modo Puebla anunció acciones inmediatas contra la extorsión y para ello se creará la Unidad Estatal Antiextorsión enfocada en investigación, reacción y atención a víctimas. Intervenciones en centros penitenciarios para incautar teléfonos y firmará convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera y el Instituto Federal de Telecomunicaciones para pegarle a la ruta del dinero.
Además, se capacitará a operadores de 089 en el manejo de crisis y canalización efectiva de víctimas e iniciará la campaña “Si contestas, ponte alerta”, para informar a la ciudadanía sobre la comisión de este delito.
También se capacitará a cajeros y personal bancario para prevenir depósitos a cuentas vinculadas a extorsión. Se buscará sensibilizar a recepcionistas de hoteles para detectar señales de secuestro virtual y se promoverá la difusión de protocolos de autoprotección dirigidos a la ciudadanía, comercios y servidores públicos.
Tal parece que la estrategia federal articulada con los estados busca atacar la red del crimen en las cárceles y en los bancos, motivando la valentía ciudadana para denunciar. El reto mayor será ejecución de la estrategia con firmeza, seguimiento y resultados con arrestos, cuentas congeladas y líneas bloqueadas desde penales. Solo así podría recuperarse la confianza ciudadana que sigue temiendo por su seguridad.
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