En las postrimerías de la existencia de dicho organismo colegiado, se han desatado una serie de rumores en el seno del tercero de los Poderes del Estado sobre inminentes cambios en su estructura interna.
Así, algunas voces anuncian la renovación total de sus integrantes, mientras que otras, más conservadoras, preconizan tan sólo la designación de los dos lugares que —a la fecha— permanecen acéfalos en el mismo.
Debemos recordar que el decreto de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de administración de justicia, contempla en sus artículos transitorios que quienes ocupen la Presidencia tanto del Tribunal Superior de Justicia como del Consejo de la Judicatura, prorrogarán sus mandatos hasta el año 2027.
Es decir, legalmente no tendría por qué haber cambio alguno respecto del titular del Poder Judicial del Estado.
Entonces, ¿por qué hay tantos rumores al respecto?
Para empezar, debemos decir que a la fecha existen dos lugares vacantes en el Consejo, los cuales están siendo cubiertos —a guisa de comisión y de una manera totalmente ilegal— por una jueza de oralidad penal que, a su vez, ya fue Consejera de la Judicatura Local y que entregó muy malas cuentas por los escándalos en que se vio envuelta mientras ejerció dicho cargo.
Por otra parte, es menester reconocer no sólo la falta de empatía de los consejeros —con la salvedad de la doctora y magistrada Cabido— con quienes integramos la Judicatura Poblana.
Así, se dan cambios de adscripción a diestra y siniestra, sin considerar siquiera el lugar de residencia o las condiciones personales de los servidores públicos involucrados.
Pondré dos ejemplos recientes:
Una joven abogada, residente en una lejana comunidad de un municipio perteneciente al Distrito Judicial de Atlixco, fue cambiada de adscripción a los juzgados de oralidad penal de la 11 Sur, en la capital del Estado.
Ganando ocho mil pesos al mes, tiene que gastar casi la mitad de su sueldo tan sólo en transporte, amén del riesgo que implica —como mujer joven— salir ya muy noche de su trabajo para trasladarse a la central de autobuses rumbo a Atlixco y de ahí a su comunidad, lo que implica más de una hora y media de trayecto.
Otro caso es el de una secretaria de Estudio y Cuenta oriunda de la Mixteca, quien fue recientemente cambiada de adscripción a un juzgado al norte del Estado, a casi tres horas de la capital poblana. Es decir, debe viajar casi cinco horas y media para regresar desde su trabajo hasta su hogar.
En tanto, su entonces compañero, secretario de Acuerdos, que también estaba en ese juzgado del sur de nuestra entidad, fue cambiado ese mismo día a Tehuacán, la segunda ciudad en importancia en Puebla. Como él vive en Ciudad Serdán, su nuevo destino le queda a tiro de piedra.
Ello, a pesar de que dicho sujeto tiene múltiples señalamientos de acoso sexual por parte de abogadas litigantes que tienen la desgracia de acudir a litigar asuntos cuyos expedientes, para su mala fortuna, se encuentran bajo la responsabilidad de ese individuo.
¿Qué ocurrió en este caso?
¿Misoginia?
¿Violencia de género?
¿O simplemente porque ese secretario se dice protegido de un Consejero, a él lo mandan a un lugar de privilegio mientras que a la dama en mención, como no tiene a nadie que la respalde, la obligan a recorrer de extremo a extremo todo el Estado con tal de llevar pan a su mesa?
¿Sabrán los Consejeros el daño que le hacen a esas familias por un simple capricho o por malintencionados comentarios que llegan a sus oídos?
¿Y qué decir de los administradores de los juzgados, quienes no sirven para solucionar los problemas de escasez de recursos humanos y materiales?
El juzgado de Chiautla, por ejemplo, lleva semanas sin contar con un servicio de internet funcional; el de Tepexi lleva años sin que sirva la línea telefónica.
Y se limitan a pedir datos estadísticos que deberían tener las diferentes direcciones del Consejo de la Judicatura… si es que sirvieran para algo.
Y de la situación presupuestal del Poder Judicial mejor ni hablamos. Mientras el Consejo se vanagloria de organizar carreras patrocinadas por uno de los principales detractores del Gobierno Federal y de la 4T en general, Ricardo Salinas Pliego —cuya suerte, por cierto, está a punto de acabarse—, la situación en los juzgados es cada vez peor.
Ahora, hasta a los escribientes se les exige ser abogados titulados, y tan sólo ganan —en la gran mayoría de los casos— ocho mil pesos al mes.
Es decir, un abogado titulado que presta sus servicios profesionales en un órgano jurisdiccional gana lo mismo que un obrero o un jornalero, para cuya labor —digna e imprescindible para nuestra sociedad— no se requiere preparación especializada alguna.
Pero eso sí, mientras todo eso acontece en el Poder Judicial Poblano, hay quienes se dedican a tratar de estrechar sus vínculos políticos con el armentismo, siendo que antaño apoyaron decididamente a Ignacio Mier, primero, y a Eduardo Rivera, después.
Y como fueron empleados de Eukid Castañón, ahora, por debajo del agua, están respaldando las aspiraciones a la gubernatura en 2030 de algún fallido edil que tiene a la ciudad que mal gobierna llena de baches, inundada y con una inseguridad rampante.
Quien esto escribe ignora si en realidad se darán cambios en el Consejo de la Judicatura Local antes de que en 2027 desaparezca para dar paso al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
Lo único cierto es que el cambio en el mando del tercero de los poderes de la entidad no sólo es necesario, sino urgente.
Pero si eso se da, no debe dejarse esa transformación en manos de las mafias de togados que, durante décadas, han controlado la administración de justicia poblana.
¿Hasta cuándo?
Veremos y diremos.
