Después de la vorágine provocada por la inédita elección del uno de junio de dos mil veinticinco, las aguas comenzaron a agitarse en la Judicatura poblana.
Algunos jueces locales que contendieron como aspirantes a magistrados federales —a pesar de su mala fama pública— y que resultaron derrotados estrepitosamente, aprovecharon las redes sociales para agradecer a quienes creyeron en su fallido proyecto político. Lo hicieron, increíblemente, desde el antiguo Palacio de Justicia ubicado en la calle 5 Oriente número 9, colonia Centro de la capital del estado, inmueble que hoy ocupa, de manera igualmente insólita, el esperpento pomposamente denominado Escuela de Formación Judicial.
Evidentemente, esos “agradecimientos” tienen como verdadero propósito mantener presencia en las plataformas digitales, con la mira puesta en el 2027, año en que se renovarán jueces y magistrados locales, así como los integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituirá al poco funcional Consejo de la Judicatura Estatal.
Lo preocupante es que el Poder Judicial del Estado no solo ignora estos actos disfrazados de campaña anticipada, sino que incluso los cobija abiertamente.
Ahí está, por ejemplo, la difusión en Instagram de entrevistas a modo dirigidas a muy jóvenes e inexpertos magistrados, supuestamente para explicar lo que es el delito de tortura y por qué se considera grave. Temas que, por cierto, no fueron aclarados con suficiente rigor en sus someras exposiciones.
Más alarmante aún es que sea el propio Poder Judicial quien revista de institucionalidad esta burda propaganda personal.
Ni qué decir de la participación de una jueza —exconsejera de la Judicatura Local, y también perdedora en la contienda federal— en los foros organizados por la Honorable LXII Legislatura del Congreso del Estado en torno a la mal llamada “ley del ciberasedio”, acompañando a la diputada Laura Artemisa García Chávez.
¿Qué hacía dicha jueza en ese foro?
¿Acudió como especialista en materia penal?
¿O asistió en representación del Poder Judicial?
Y si fue así, ¿quién o quiénes autorizaron su presencia?
Ahora, con motivo del bicentenario de la Constitución Política del Estado de Puebla, el Poder Legislativo ha organizado una serie de foros jurídicos para conmemorar tan significativo evento.
En ellos también participa el licenciado Rodrigo Lazcano, quien de presidir una casi inexistente asociación de abogados, ahora se autodenomina Presidente del Foro Jurídico Poblano, erigiéndose como supuesto representante de todas las asociaciones y colegios de abogados del estado.
Este mismo personaje se ha encargado de acercar a la diputada mencionada con un magistrado en retiro —acusado de poseer una riqueza inexplicable— y con un juez que, según versiones, tuvo una orden de aprehensión, y que actualmente preside la Asociación de Jueces del Estado, a la cual, afortunadamente, no todos pertenecemos.
¿Será que alguno de ellos se presentará como ponente para disertar sobre el futuro del constitucionalismo mexicano en el siglo XXI, con la intención de apuntarse para la próxima elección judicial local?
El Consejo de la Judicatura Estatal no solo tolera estas acciones, sino que con ello violenta el principio de equidad que debe regir la próxima contienda comicial.
Traducido en palabras claras: el Poder Judicial local ya tiene a sus favoritos como candidatos, y los está promoviendo con todo el respaldo institucional, incluso utilizando recursos públicos.
¿Y los demás abogados?
¿Los que cuentan con experiencia, conocimiento jurídico y una verdadera vocación de justicia social?
¿Dónde quedan?
Ellos no tienen el respaldo del tercer poder del Estado y, por tanto, no competirán en condiciones de equidad.
Lo que parecen olvidar los actuales suspirantes es que la reciente elección judicial federal dejó valiosas lecciones. Entre ellas, que los electores —en general— prefirieron perfiles que no provenían del aparato judicial, salvo contadas y honrosas excepciones.
Por eso, aunque algunos cuenten con el apoyo del Poder Judicial estatal, eso no garantiza que logren convencer a la ciudadanía al momento de votar.
La pregunta es: ¿hasta cuándo dejará la cúpula del Poder Judicial local de promocionar a sus integrantes consentidos en detrimento de otros futuros contendientes?
¿No que todos somos iguales?
¿O habrá candidatos de primera y de segunda?
Veremos y diremos.
