Nada impedirá que el Congreso del Estado elija el próximo viernes al fiscal de Puebla, luego de la renuncia de Gilberto Higuera Bernal.
No caben los berrinches.
Ni la interpretación de la ley de manera pervertida.
Tampoco el chantaje político.
Mucho menos aviesos intereses.
Los procedimientos se están cumpliendo como lo marca la ley, siendo el gobernador Alejandro Armenta el que designó la terna conforme a sus facultades, de una lista de 11 aspirantes, que llegará al final del proceso que culminará con la presentación de sus planes de trabajo y los diputados emitan su voto definitivo.
El próximo fiscal ocupará el cargo por los próximos 7 años.
Hay que recordar que, actualmente, para la designación del fiscal, intervienen los Poderes Ejecutivo y el Legislativo respetando su autonomía.
El hecho de que el congreso aprobara una lista de 11 aspirantes y el gobernador Armenta eligiera a Idamis Pastor Betancourt, Pedro Bermúdez Tepox e Iván Castillo Pérez como los finalistas que cumplen con todos los requisitos de ley, levantó la suspicacia de los reventadores de oficio, que han lanzado sus dardos acusando que las apuestas están cargadas a favor de la ex presidenta del Tribunal Estatal Electoral, calificando que todo esto es un juego que obedece al pago de facturas al PRI que hizo la propuesta, hipótesis que es falsa.
Todavía es más erróneo que se diga que el Código de Instituciones y Procesos Electorales impide a Idamis participar en la selección del fiscal por haber sido árbitro en un proceso electoral y mucho menos que forme parte de un órgano emanado del mismo.
Si bien los legisladores no han emitido su voto, la especulación de que Idamis puede resultar triunfadora, la preocupación real es para todos aquellos que han torcido su camino o han incurrido en actos ilegales. Hay que decirles que la designación de la persona que habrá de ocupar el lugar que dejó Higuera Bernal, será conforme lo marcan la legalidad y los tiempos estipulados en la norma jurídica.
Igualmente, cualquiera que sea votado mayoritariamente por los diputados, trabajará apegado a derecho y respetando la constitución, sin filias ni fobias. Se debe advertir que la fiscalía es un órgano público autónomo con personalidad jurídica como lo establece la Constitución del Estado, que se rige por los principios de legalidad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.
El fiscal tiene atribuciones amparadas en la ley, sin estar supeditado a los designios del Poder Ejecutivo, como lo establece la reforma que fue publicada en el diario oficial de la federación el 10 de febrero de 2014, dotándola de autonomía constitucional.
Durante el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas fue designado Víctor Carrancá y entonces no se dijo nada, a pesar de que se sabía que el entonces procurador, luego fiscal venido del Distrito Federal, obedecía órdenes del mandatario que lo llevó a la tragedia de Chalchihuapan.
Antonio Gali Fayad defendió a capa y espada a Carrancá, soslayando cualquier escándalo.
Guillermo Pacheco Pulido veía lo que quería ver y Miguel Barbosa ponderó la autonomía de la fiscalía y las capacidades de Higuera Bernal.
Una que otra voz apenas protestó las designaciones de las ternas; casi nadie descalificó las designaciones ni el comportamiento cameral.
¡Qué graciosos muchachitos!