*El caso indignante de Sandra Angélica Cruz Sámano
Casi se hizo fiesta cuando se aprobó la Ley Vicaria.
“Ahora sí se acabaron las agresiones contras las mujeres y también contra los hombres”, se dijo con sobrada fiabilidad en la fiscalía general del Estado, jueces, ministerios públicos y abogados que dicen respetar la aplicación de las leyes para generar justicia.
Sobran los reportes que nos llegan de mujeres, principalmente, por el secuestro de un hijo, por haber sido golpeadas, amenazadas y sobajadas al mínimo de su dignidad.
Entre esos, rescatamos el de la señora Sandra Angélica Cruz Sámano, quien ha sufrido, desde 2019, acoso, golpes, amenazas de muerte, ausencia de pensión alimenticia.
Y no pasa nada.
Existe un expediente tan grueso y puntualizado, que se hace increíble que no haya consecuencias para el infractor con aires de delincuente que responde al nombre de Jonathan Adrián Correa López, quien no solo ha convertido en un infierno la vida de Sandra Angélica, sino que su audacia ha llegado al grado de dejarle recados escritos intimidatorios con dos balas a un lado.
¿No sabrá el fiscal Gilberto Higuera Bernal de este asunto, como el de tantos otros que se omiten o se manipulan afectando a la víctima, revictimizándola y beneficiando al presunto criminal?
Se debe escuchar la voz del fiscal. La ciudadanía necesita creer en la autoridad.
Sandra, se dio ánimos entre el terror que representaba vivir con Jonathan y lo denunció por violencia de género y violencia vicaria, pues le “secuestró” a su hijo, a pesar de tener la custodia de él junto con otra pequeña que procrearon. La mala suerte, dicen los que saben, es que cayó en la zona de la Ministerio Público Mary Carmen Rojas, quien se negó a ampliar los hechos, la bloqueó y la mandó directo a la audiencia con el juez de Control, Salvador Hernández Martínez, quien sin la información suficiente impuso las medidas cautelares y lo vinculó a proceso en libertad condicional, lo que no ha sido suficiente para controlar al energúmeno.
El violento sujeto, falseó su declaración diciendo que trabaja en una empresa particular y que tiene un sueldo de 6 mil pesos mensuales, ocultando que es director de agencia de seguros en GNP, percibiendo entre 150 y 200 mil pesos al mes. El engaño provocó que se le impusiera una pensión raquítica de 2 mil 730 pesos.
Han sido 5 años de violencia, desde 2019 y no pasa nada.
El tal Jonathan, ahora suele presentarse como Adrián López, intentando pasar desapercibido, presumiendo que su abogado civilista Jesús Sánchez Trinidad, oriundo de la Ciudad de México, lo saca de cualquier bronca.
¿Por qué no interviene el gobernador Sergio Salomón Céspedes?
No es exclusivamente el caso de Sandra Angélica que nos llega a la redacción y lo damos a conocer, son cientos que no son resueltos, no se les da la importancia requerida y se omite toda responsabilidad. Eso es corrupción.
Por eso la sociedad, en general, se niega a denunciar. Son pocos los que se lanzan a la aventura de hacerlo con resultados frustrantes.
Y cuando sucede una desgracia no hay culpables. La burocracia dorada argumenta todo tipo de pretextos torpes e infames. Como Pilatos, se lava las manos.
POSDATA: El juez de Control, Salvador Hernández Martínez, ha actuado con profesionalismo en los casos que le ha tocado resolver apegado a derecho, sin sesgos. Si hay alguna queja al respecto, que se sepa, quiero enterarme.
POSDATA 2: ¿Será que la empresa GNP Seguros está dispuesta a poner en riesgo su prestigio por solapar a un agresor de mujeres?
¿O no está enterada y por eso se niega a entregar información de su empleado?

directorabcd_reflexiones@yahoo.com.mx