(Diario ABC Puebla)
Por: Roderick García Ramírez

Despachar en el barrio de El Alto, cerca de Casa Aguayo, no le dio ninguna seguridad a la directora general del Instituto de la Defensoría Pública, Patricia Olarte Córdova, quien renunció recientemente después de la protesta que 35 defensores hicieron mediante una carta dirigida al Consejo de la Judicatura pidiendo homologación de sueldos.
El Instituto de la Defensoría Pública depende directamente del Poder Judicial del Estado.
Si existen injusticias en la percepción salarial, ¿acaso no lo sabían Margarita Gayosso, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y Carlos Palafox Galeana, mandamás del Consejo de la Judicatura?
Por supuesto que estaban enterados.
Tenían que haber tomado cartas en el asunto, no solamente en el asunto salarial, sino en todas las deficiencias que ahogan al Poder Judicial.
Sin embargo, sale a la luz el nombre de la directora del Área Penal de la Defensoría Pública, Dulce María García Chávez, quien habría sido el instrumento para redactar el escrito de protesta de los defensores que orillaron a la dimisión de Olarte Córdova.
Entonces surge la pregunta: ¿Renunció o la renunciaron?
¿Le tendió la camita García Chávez?
El motivo habría sido la ambición de quedarse con el puesto de su superiora, presumiendo que es protegida de la Secretaría de Gobernación.
Es decir, Dulce María García Chávez, encabezó el entramado, no obstante que pesan en su contra quejas por maltrato a los defensores públicos.
¿Sabrá Julio Huerta Gómez que es utilizado su nombre para cometer este tipo de actos que es uno de tantos que mantiene en jaque al Poder Judicial?
Los que saben de esto, opinan que Julio Huerta no está enterado ni tampoco el Gobernador Sergio Salomón Céspedes.
Si alguien puede desenredar el nudo es la propia Patricia Olarte Córdova, siempre y cuando no se lo prohíban y le den oportunidad.