Alberto Jiménez Merino
La Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados aprobó este 29 de marzo, el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Agricultura Familiar en México, promovida por los diputados Ismael Hernández Deras, María de Jesús Aguirre Maldonado y Claudia Tello Espinosa. Este hecho es un gran paso contra la pobreza alimentaria en nuestro país.
Todavía falta su aprobación en el Pleno de la Asamblea y aun su creación no es garantía de aplicación por parte del estado mexicano que tiene grandes necesidades que atender, pero la existencia de un marco legal en la materia, es un gran avance por la obligatoriedad que esto implica para el gobierno en la atención de la seguridad alimentaria y la pobreza, nuestros más grandes problemas sociales.
Estudios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 2016, señalan que en México el 80 por ciento de los productores del campo solo lo hacen para el autoconsumo y no logran cubrir ni sus necesidades familiares anuales.
Según Paul Polack, la población rural mexicana es de 25 millones de personas, con 5 millones de unidades productivas agropecuarias, de las cuales, 2 millones 174 mil 931 son menores de dos hectáreas y representan el 49 por ciento del total nacional. A estos números hay que agregar que un 50 por ciento de estas unidades productivas corresponden a propiedad social, es decir, ejidos y comunidades agrarias sin acceso a créditos, y el 85 por ciento de la superficie agropecuaria nacional solo depende de las lluvias como fuente de agua.
No obstante lo anterior, la agricultura familiar y de pequeños productores no ha tenido un lugar en las políticas públicas educativas, ni de investigación, ni de desarrollo tecnológico, ni de fomento productivo, por lo que quienes la practican tienen graves limitaciones para acceder a apoyos técnicos de capacitación y asesoría, insumos básicos, equipos, maquinaria, tecnología, crédito, acopio, transformación o acceso a mercados, todos diseñados para superficies mínimas de una hectárea.
Esta iniciativa de ley es necesaria, porque el mundo avanza en la dirección equivocada para acabar con el hambre en 2030. La pandemia COVID19, la crisis climática y el conflicto Ucrania-Rusia impiden avanzar hacia el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS2), según el Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2022, publicado por la FAO.
La FAO describe que el hambre y la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe afecta a 131 millones de personas, y se han incrementado desde 2014, alcanzando su nivel más alto durante la pandemia COVID19, pero el sobrepeso y la obesidad también han aumentado en las últimas dos décadas.
La misma fuente indica, que la prevalencia del hambre en la región aumentó de 5.8 por ciento en 2015 a 8.6 por ciento en el 2021 y, aun siendo menor al promedio mundial de 9:8 por ciento en el 2021, la proporción de personas que padecieron hambre durante la pandemia fue mayor que el incremento a nivel mundial: en la región hubo un incremento del 28 por ciento contra 23 a nivel mundial. Las mujeres, niños y niñas fueron quienes se vieron más afectadas
No existe peor condición humana que aquella en la que no hay capacidad para acceder a los alimentos, como acurre a 33 millones de mexicanos que padecen algún grado de inseguridad alimentaria debido al aumento de los precios, de acuerdo con Uberto Salgado Nieto, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en INFOBAE 2022.
El panorama alimentario mexicano es complicado porque la sequía ya lleva casi 4 años, estimándose nuevamente crítica para este 2023 en el que, los precios de los alimentos siguen elevados. Esto lleva a la disminución de siembras, reducción de rendimientos, a la pérdida de ganado y a una consecuente disminución de la producción de alimentos, lo que ha ocasionado un aumento significativo de las importaciones que ya supera los 17 millones de toneladas de granos. Por su parte, la migración de mexicanos hacia Estados Unidos se estima como la más alta de todos los años a juzgar por las detenciones en la frontera, las cuales se calculan cercanas a 900 mil al final del año 2022.
Asimismo, los suelos agrícolas mexicanos se han erosionado, perdido fertilidad, reducido su capacidad para retener humedad y con bajos niveles de materia orgánica cercanos a 1 por ciento. Los principales problemas de la ganadería aún son la falta de alimento durante la época de secas, la dependencia de granos, la baja calidad genética y la escasa infraestructura para el manejo pecuario. Hemos perdido más del 90 por ciento de la pesca ribereña de ríos y mares.
Los productores de autoconsumo, con pequeñas unidades productivas, tienen una gran tendencia al trabajo individual, dificultades para el trabajo colectivo y escasa visión empresarial, producto de su baja escolaridad que no supera los 4 años así como edades superiores a 50 años con una total ausencia de educación financiera, alimentaria y ambiental; no cuentan con los medios para almacenar lo poco que producen, pierden casi un 30 por ciento de lo obtenido y el valor agregado es algo desconocido.
La pobreza ha derivado en el deterioro de recursos naturales para la sobrevivencia, traducida en la extracción excesiva de leña, material de construcción, madera y carbón, pastizales para el ganado, pesca incontrolada en ríos, lagos y lagunas. Solo se han destinado apoyos al ingreso y programas sociales vía transferencias monetarias, acompañamiento técnico y fertilizantes
La agricultura familiar de autoconsumo requiere ser incluida en el sistema educativo, retomar las parcelas escolares, en la investigación y en las políticas de fomento. Necesita de centros de servicios técnicos y apoyos logísticos más allá de la entrega de semillas, pollitos o conejos. Los huertos, granjas y cultivos básicos familiares requieren de proveedores con apoyo del gobierno, para acceder a insumos, semillas, plántulas, crías, tecnologías, equipos y maquinaria, con gran claridad de lo que debe ser trabajo individual y colectivo.
Con base en lo anterior, es necesario que las familias aseguren su gran sueño de producir alimentos suficientes para cubrir sus necesidades y luego produzcan excedentes intercambiables.
Para ello, hacen falta políticas y recursos presupuestales que no se tienen o no se han querido destinar, y mientras, los apoyos asistenciales atenúan y contienen la pobreza, pero no la resuelven.