Además de la mayoría de los 13 senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), parcialmente el Partido de la Revolución Democrática (PRD) también apoyará las reformas constitucionales para extender la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028. El viraje se consiguió tras realizar tres adiciones al dictamen que se discute: establecer que habrá recursos para fortalecer policías locales desde 2023 y no hasta 2024; que los recursos de las entidades para sus policías locales serán uno a uno con relación de los destinados por la Federación, y un blindaje para evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dé carpetazo a las controversias y acciones de inconstitucionalidad pendientes y promovidas contra diversas reformas y decretos “militaristas”.
Y el PRD se suma Cómo vienen los cambios
En este último caso, el pleno del Senado acordó incorporar a la discusión un nuevo párrafo que dice: “los procedimientos en trámite y pendientes de resolución en el Poder Judicial se continuarán sustanciando hasta su resolución de fondo sin sobreseerse por cambio en la norma impugnada y se resolverán conforme al marco jurídico vigente al momento de su presentación”. Con esa redacción, exigida la víspera por la senadora Claudia Ruiz Massieu, del PRI, se buscó su apoyo, pero “no pudieron solventar la falta de confianza”, explicó ella. Y reveló que hasta morenistas están en contra del dictamen. “Varios senadores de Morena en privado rechazan la militarización, pero en público se ven obligados”, dijo al argumentar su voto particular en contra. De acuerdo con el senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín, quien impulsó el 21 de septiembre el regreso del dictamen a comisiones dictaminadoras para su modificación con controles parlamentarios que evalúen el fortalecimiento de policías estatales y municipales, ya son ocho los votos del PRI -del total de 13 que integran la bancada- a favor de las reformas, dos están en contra y dos ‘están reflexionando’. El senador Miguel Ángel Mancera también votará a favor, pues la mayoría morenista aceptó los tres cambios citados y los otros dos perredistas aún evalúan lo que harán. El Partido Acción Nacional (PAN) ha asegurado que va en contra, con sus 20 senadores. Pero con priistas y un perredista, al menos, Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM) que reúnen 76 votos, contarían con los votos necesarios para tener cuando menos 85 senadores a favor de las reformas, con lo que éstas serían aprobadas. Dado que se modificará la Constitución, Morena requiere de 85 votos, mayoría calificada de dos terceras partes de los asistentes a la sesión, en caso de que al momento de la votación estén los 128 senadores. Las reformas serán al artículo 5o transitorio del decreto constitucional que creó la Guardia Nacional en 2019, para extender a 2028 la labor de la fuerza armada en tareas de seguridad, iniciativa presentada el 3 de septiembre por la entonces diputada del PRI Yolanda de la Torre, quien ahora es magistrada presidenta del Tribunal de Justicia de Durango, su estado natal. Tras aprobarse en la Cámara de Diputados la minuta se envió al Senado, donde se prevé que el dictamen sea aprobado hoy y, dado que se realizarán cambios, deberá regresar para análisis de la colegisladora. Con relación a la propuesta original, el dictamen fue modificado dos veces en comisiones del Senado. La primera vez anoche, al dictaminarse en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda e incorporarse controles parlamentarios. La segunda al agregarse hoy la adenda con los 3 cambios referidos (presupuesto, blindaje anticarpetazo) , cuya incorporación a la discusión fue aprobada en una segunda sesión del Senado, que se desarrolla esta tarde específicamente para debatir y votar el tema. El dictamen avalado anoche estableció que el Ejecutivo Federal deberá presentar al Congreso un informe semestral sobre el uso de la facultad para usar la fuerza armada para seguridad pública. En ese reporte deberá incluir indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Para analizar esos informes se integrará una comisión bicameral y para dictaminarlos podrá convocar a los titulares de las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina. El dictamen deberá evaluar el cumplimiento de las seis condiciones descritas y señalar las entidades federativas donde deje de ser requerida la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en esas labores. Además “contendrá las recomendaciones” para cumplir con el plazo de retiro de las fuerzas armadas en 2028. Esos dictámenes serán aprobados por los plenos de ambas cámaras y se remitirán al Ejecutivo Federal, quien “deberá informar de la atención que brindó a las recomendaciones emitidas”. El Senado al analizar y aprobar los informes anuales que sobre las actividades de la Guardia Nacional le rinda el Ejecutivo Federal, evaluará la participación de las Fuerzas Armadas permanente en labores de seguridad pública, “a fin de garantizar que a la conclusión del plazo señalado en el párrafo primero del mismo la Fuerza Armada permanente concluya su participación en labores de seguridad pública, y la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública asuman a plenitud las facultades” de seguridad.