La reforma constitucional en materia eléctrica que propone el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, implica un cambio de paradigma, pero también un retroceso que será costoso para nuestro país por la cancelación de permisos y contratos a la iniciativa privada.

El proyecto de decreto busca modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fue presentada el pasado 1 de octubre con el argumento de «garantizar la seguridad energética» y contraviene la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de diciembre de 2013.

En la exposición de motivos la propuesta señala que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) «preservará la seguridad energética, la autosuficiencia energética y el abastecimiento continuo de la energía eléctrica a toda la población, para garantizar el derecho a una vida digna», a pesar de que los mexicanos hemos sido testigos de la frecuencia con la que ocurren apagones de luz en diversas entidades de la República Mexicana.

Asimismo se plantea la cancelación de «todos los permisos de generación eléctrica otorgados y contratos de compraventa de electricidad, así como diversas figuras de generación privada y las solicitudes pendientes de resolución», lo cual significa una expropiación de facto e implica una serie de indemnizaciones por parte del Gobierno Federal.

Además, se propone un «Nuevo Sistema Eléctrico Nacional». En los hechos, dicho sistema apuesta a la generación de energía con combustóleo, el cual es doblemente caro.

También se elimina del artículo 25 constitucional el concepto «empresas productivas del Estado» y se sustituye por «organismos del Estado», lo que significa un cambio de paradigma que no obligaría a la CFE a ser rentable. De hecho es una paraestatal que genera pérdidas para el país, 14 mil 71 millones de pesos solo en el segundo trimestre de este año.

 Por otro lado, en el 28 constitucional se establece que «no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza» en materia eléctrica, aunque controle la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía. Contradictorio porque la idea es efectivamente construir un monopolio.

El problema con esta reforma es que más del 60 por ciento de la generación de electricidad en México se da con la participación privada; a pesar de ello, el abastecimiento doméstico actualmente ha tenido serios problemas.

Es preciso mirar ejemplos en países como Venezuela, uno de los más prósperos social y económicamente de América Latina antes de la llegada del «chavismo», donde el gobierno en 2007 nacionalizó el sector eléctrico que hoy está colapsado, así como estar atentos para evitar que nos quieran imponer un modelo similar con la «reforma apagón».

@MaritzaMena7