Todo parece indicar que el uniformado también disparó su arma el día del hecho, pero no lo reportó. Los otros dos uniformados quedaron en libertad pero siguen siendo investigados.

La Justicia Penal Militar confirmó este sábado la captura de un tercer policía presuntamente involucrado en el asesinato de Santiago Murillo, el joven que falleció en Ibagué el 1 de mayo durante la jornada de protestas del Día del Trabajo tras recibir un disparo en el pecho.

Según reportó la revista Semana, se trata de un patrullero que no ha sido identificado y que, a diferencia de los otros dos uniformados capturados por el caso, no reportó haber disparado su arma de dotación el día de los hechos. Tampoco entregó la pistola al CTI de la Fiscalía como si lo hicieron el mayor Jorge Mario Molano Bedoya, comandante de la estación Norte de la Policía de Ibagué y el teniente Pablo Andrés Parra, comandante del CAI Éxito.

Valga recordar que estos dos quedaron en libertad luego de que el juez 188 de Instrucción Penal Militar levantara las medidas privativas de la libertad que se les había impuesto, tras avalar la apelación de la defensa de los uniformados, que presentó nuevos elementos probatorios que aparente demuestran que los uniformados no se encontraban en la carrera Quinta con calle 50 de esa ciudad, cuando Murillo fue asesinado.

Con todo, el patrullero llega a formar parte de una de las investigaciones más polémicas en el marco del paro nacional que se desarrolla en el país desde el pasado 28 de abril. Después de todo, el proceso en contra de este y los otros dos policías se mantiene mientras la Corte Constitucional resuelve un conflicto de competencias entre la justicia ordinaria y la Justicia Penal Militar.

La Fiscalía busca asumir la investigación de las violaciones de derechos humanos que se denuncian durante las manifestaciones del Paro Nacional. Su solicitud de asumir la investigación del homicidio de Santiago Murillo fue acogida por un juez que compulsó copias a la Corte Constitucional que deberá decidir qué jurisdicción debe continuar con el proceso.

Así mismo, el Juzgado Octavo Penal Municipal de Control de Garantías de Ibagué compulsó copias para que se investigue penal y disciplinariamente al juez 188 penal militar por haber iniciado un proceso simultáneamente en el mismo caso.

Según la Fiscalía Delegada de la Unidad de Vida, “se estableció con elementos probatorios que el disparo es producido desde el lugar donde se ubicaba el oficial mayor Molano Bedoya, quien sin ninguna situación o amenaza que ameritara el uso de la fuerza al extremo, dispara contra la humanidad de Santiago Andrés Murillo”, habría dicho la funcionaria en audiencia, según W Radio.

Los testigos afirmaron que Santiago Murillo, tras ser impactado, corrió pero se desplomó en el piso, donde fue auxiliado por otras personas del grupo de manifestantes. Ellos afirman que pidieron ayuda a la Policía y los recriminaron por la acción, pero no recibieron respuestas. El joven fue trasladado a la Clínica Nuestra en una motocicleta particular, pero falleció cerca de media hora después.

Los familiares y allegados del joven rechazaron la decisión del Juez de Instrucción Penal Militar, por considerar que podría ser un camino hacia la impunidad del homicidio del joven.

Estefanía Silva, quien sostenía una relación sentimental con Murillo, ha ejercido acciones de memoria, protesta y exigencia de justicia por su novio. Su acción de denuncia le ha provocado amenazas, que ha denunciado a través de redes sociales.

“La Justicia Penal Militar dejó en libertad al mayor Molano asesino. ¿Cómo es posible esto? Hay que seguir ejerciendo presión y que no haya impunidad. Sigamos siendo la voz de Santiago y de todos los que mataron”, escribió en sus redes sociales.

“Estamos convencidos que la Justicia Penal Militar no funciona. Todos lo sabemos y eso no es novedad. Fue creado por las mismas entidades para proteger a los oficiales y esa justicia no funciona”, señaló Sandra Meneses, madre de Santiago, según indicó el medio El Cronista. Ella confía que las pruebas permitirán demostrar la culpabilidad de los oficiales en el homicidio de su hijo.