GIOVANNY GARCÍA JIMÉNEZ

La Suprema Corte Superior de Justicia, aprobó la realización de una consulta popular que contempla la Constitución, modificando la pregunta original, quedando el texto de la siguiente forma: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
De ninguna manera los ciudadanos se erigirán en fiscales, jueces o verdugos; la aplicación de la ley y la justicia corresponde a las autoridades y no está a subasta ni es parte de la consulta popular; tampoco es explícita en contra de los ex Presidentes, sino contra todos los actores políticos que hayan incurrido en corrupción e impunidad; los ciudadanos no acusarán, sino que serán las instituciones correspondientes las que aporten denuncias y pruebas de posibles delitos.
La Corte que fue elogiada en mayo por la consulta popular que pretendía impulsar el Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, para alargar su período de gestión, ahora es vilipendiada porque no satisface intereses de sus mismos apologistas de antes.
Este ejercicio pretende acercar la relación gobierno-pueblo en la toma de decisiones, que de haber sido impedido por una decisión contraria de la Corte, no hubiera obstaculizado, de ninguna forma, enjuiciar a políticos que han quebrantado el patrimonio de la nación, que es obligación y compromiso del nuevo régimen.
Los inconformes han calificado el procedimiento como circo de la Cuarta Transformación.
Ya se verá, porque el resultado final marcara su legitimización y credibilidad del o su derrumbe.
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