REFLEXIONES

¿Motivos?… sobran para enjuiciar a los ex Presidentes de México que están vivos, excluyendo a Luis Echeverría, quien fue llevado al banco de los acusados en 2006, sólo para que concluyera una corta prisión domiciliaria, arrastrar su vida de casi medio siglo y la amargura de ver morir a su esposa e hijos antes que él, como si se tratase de un desquite del destino por las afrentas de 1968 y el “Halconazo” de 1971.
Pero, ¿hay pruebas de los delitos cometidos?
¿Si existen, no han prescrito?
¿Por qué no utilizar la ley para aplicar justicia?, así de simple y contundente.
Los motivos expuestos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en un documento entregado al Senado de la República. Y los trae impresos en su cerebro. Con ellos llegará este sábado a Puebla para evaluar la reconstrucción de monumentos y edificios dañados por el sismo de 2017.
Lo acompañará el Gobernador Miguel Barbosa, con el que intercambiará opiniones antes y después de los eventos programados, en una demostración que hay cercanía y coordinación entre ambos.
Casi estoy seguro que abordará públicamente el tema de ese período que abarca del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 2018, caracterizado (CITA TEXTUAL) por la concentración desmesurada de la riqueza; quebrantos monumentales al erario; privatización de los bienes públicos; corrupción generalizada; procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de los derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de Derecho en extensas zonas del territorio nacional.
No ocurrieron de manera fortuita, sino que fueron consecuencia de la aplicación, durante cinco sexenios, de un modelo político y económico elitista, antidemocrático, antinacional y antipopular. Así lo dice López Obrador y los desglosa de forma extensa con números y señalamientos concretos.
Los 2 millones 500 mil firmas ciudadanas y la petición del Ejecutivo al Congreso de la Unión para llevar el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pareciera un despropósito, dicen Abogados en Derecho Constitucional, esperando sea rechazada por los Magistrados, porque no hay denuncias y el actuar de los ex Presidentes, en su momento, fue avalada por Diputados y Senadores, siendo reforzada por funcionarios de diferentes niveles, incluyendo Gobernadores.
Los derechos políticos de los supuestos acusados estarían siendo violentados, dicen.
No obstante, la solicitud a la Corte, de acuerdo a la fracción III del artículo 21 de la Ley Federal de Consulta Popular, es aprobar que se haga la siguiente pregunta a los ciudadanos: ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex Presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?
La quinteta que vive con lujos indignantes en un país donde la pobreza y el hambre sacuden, si cae en los tribunales, seguramente vería la huida de sus cómplices. Nadie querría meter las manos por ellos.
Hay juristas que concuerdan en decir que la pregunta no acusa ni enjuicia ni sentencia anticipadamente ni violenta la presunción de inocencia, por lo tanto, es viable que la Corte declare constitucional la consulta popular que llevaría a abrir los expedientes que, seguramente, ya se conocen de principio a fin.
Inédito lo que se está viendo.
El resultado sería histórico e impresionante
Los procedimientos del nuevo régimen abarcan lo impensable, pero no por eso son caprichosos o ilegales. No estoy tan seguro que sean distractores, como argumentan sus enemigos. Creo que esto se está haciendo con cuidado, recabando pruebas suficientes y contundentes, midiendo estratégicamente los tiempos políticos.
En Puebla, son muchas las denuncias en contra del morenovallismo, que incluyen a Antonio Gali Fayad, Luis Banck Serrato, Guillermo Pacheco Pulido y su pandilla que se disfrazó de servidores públicos, también serán llevadas hasta las últimas consecuencias.
En ello le va la credibilidad y legitimidad al nuevo régimen de la Cuarta Transformación.
Ya se verá.
No coman ansias.
directorabcd_reflexiones@yahoo.com.mx