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De Salinas a Peña cedieron 90 millones de hectáreas a mineras *Tres activistas asesinados en Puebla

Luis Enrique Quintero

Entre los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto se concesionaron a empresas mineras 90 millones de hectáreas de los 200 que conforman el territorio nacional, primordialmente de los llamados cerros sagrados, denunció en Puebla el presidente Andrés Manuel López Obrador quien se comprometió a detener este saqueo histórico.

Hay que recordar que activistas defensores de la tierra han sido asesinados en diferentes entidades del país por oponerse a la explotación minera, sobre todo de empresas extranjeras en gran complicidad con gobiernos corruptos.

En la Sierra Norte de Puebla han ejecutado a tres activistas en los últimos cinco años; en mayo de 2018, sicarios torturaron y asesinaron al activista Manuel Gaspar, opositor a proyectos mineros en la región de Cuetzalan.

En 2014 fue asesinado el activista Antonio Esteban Cruz, líder del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano Popular (MIOCUP), opositor a proyectos hidroeléctricos y mineros; y dos años antes, Frumencio Solís Cruz, fue también asesinado a balazos.

 

DEFENSA DE AMLO

Entre protestas de opositores al gasoducto Tula-Tuxpan, López Obrador ofreció en Pahuatlán, en la sierra norte del Estado, defender los cerros sagrados y condenó que sus antecesores Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari hayan concesionado el 40% del territorio nacional.

Durante el fin de semana, el primer mandatario del país precisó: “Nosotros heredamos muchas cosas podridas, pero ya no es la misma política de antes. Ha habido cambios. Les puedo decir que no hemos entregado una sola concesión para la explotación minera en todo el tiempo que llevamos en el gobierno”.

Reiteró que entre los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto se entregaron licencias para explotar 90 millones de hectáreas cuando al país la conforman 200 millones de hectáreas.

Dijo que su administración no ha entregado una sola concesión, además de que trabaja en la revisión de contratos que se hicieron antes, así como en llevar algunos casos a tribunales e instancias legales internacionales.

Aseguró que algunos de esos contratos plantean condiciones leoninas al gobierno mexicano, que se obliga a pagar a empresas incluso si los proyectos no se realizan.

Finalmente, respecto al gasoducto Tula – Tuxpan dijo que se evalúa plantear un nuevo trazo y que no descarta que el gobierno mexicano acceda a negociar montos.

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