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REFLEXIONES por MIGUEL ÁNGEL GARCÍA MUÑOZ. LA BUAP DISPUESTA A CUMPLIR CON LA LEGALIDAD.

Me parece que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ha dejado clara su disposición de rendir cuentas ante la Auditoría Superior de la Federación por los recursos federales que recibe.

Igualmente, pasaría por el tamiz del Sistema Nacional de Fiscalización, el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia, toda vez que existe coordinación y articulación de estos organismos con la ASF para asegurar la eficiencia del gasto público, la asignación transparente de recursos, rendición de cuentas y regulación de responsabilidades.

No hay rebeldía ni oposición al ejercicio federal ni a la aceptación de que la Auditoría Superior del Estado supervise el gasto de los recursos estatales que ejercita la casa de estudios.

Esto no debería ser objeto de fricción, como tampoco levantar sospechas de un intento de sujeción de la BUAP a intereses que violenten su soberanía, como ha sucedido a través de la historia con diferentes universidades públicas del país.

La autonomía no impide la fiscalización de los subsidios federales que reciben los IPES (Institutos Públicos de Educación Superior) para su funcionamiento y cumplimiento de sus fines y obligaciones, porque la revisión no significa intromisión a la libertad de autogobierno y autoadministración, sino únicamente la verificación de que las aportaciones económicas que reciben del pueblo se destinan a los rubros a que fueron asignados, sin que se dé un uso diferente o inapropiado.

El Rector Alfonso Esparza Ortiz y el Consejo Universitario están conscientes del papel que les corresponde, como también la ASE, que preside Francisco Romero Serrano, deberá estar seguro de sus atribuciones, pidiendo respeto y a la vez respetando.

Creo que es ocioso llevar el procedimiento a los tribunales y armar una confrontación que reviva las etapas negras entre universidad y gobierno que parecían enterradas. No obstante, el fantasma ronda.

Si la “estafa maestra” obliga al endurecimiento de la política fiscalizadora, la BUAP no forma parte de la lista de instituciones involucradas.

No imagino un revanchismo político.

¿O sí y por qué?

El nuevo régimen aún no termina por delinear las políticas de relación Universidad-Estado, que tienen que ver con austeridad, control del gasto y la dinámica de crecimiento y cobertura educativa, pero no doblegando con el marro los derechos de las instituciones ganados a pulso.

Los cambios generacionales en la política educativa, implica retos y adaptación, pero no constituir una amenaza a la autonomía universitaria ni al cumplimiento de la legalidad.

directorabcd_reflexiones@yahoo.com.mx

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